Ciudad de México, 19 de septiembre de 2025. En una miscelánea tienda de música en Ciudad Juárez, Mariana, dueña del local desde hace 20 años, recibió una visita oficial que puso a temblar a todo el barrio. No era un operativo cualquiera: se trataba del IMPI y la SACM, quienes venían a inspeccionar el uso de música en su establecimiento. ¿Extorsión? ¿Legalidad? ¿Protección a los autores? La controversia estalló.
🌐 La polémica: comerciantes acusan, autoridades responden
Durante la conferencia mañanera del 19 de septiembre, el Gobierno federal abordó directamente la acusación realizada por CANACO Ciudad Juárez, quien señaló supuestos operativos arbitrarios y extorsiones en comercios.
La respuesta fue contundente:
- El IMPI y la SACM no realizan cobros directos ni actos de extorsión.
- Las inspecciones se ejecutan conforme a derecho, en defensa de los derechos de autor.
- Los inspectores deben estar debidamente identificados y jamás solicitan pagos.
📚 Lo que dice la ley
Según el Artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, cualquier persona que transmita música públicamente debe pagar regalías. Y el IMPI tiene la atribución de supervisar el cumplimiento.
Además, los artículos 231 y 232 establecen sanciones claras para quienes lucran directa o indirectamente con obras protegidas sin autorización.
🤝 Diálogo, no imposición: se buscan reglas claras
La SACM y la CONCANACO SERVYTUR —que representa a más de 5 millones de negocios en México— han sostenido reuniones con el IMPI para establecer tarifas públicas, claras y justas para el uso de música en establecimientos.
«Queremos proteger tanto a los creadores como a los pequeños negocios», fue el mensaje que se reiteró en el comunicado oficial.
🎤 SACM: No somos cobradores, somos defensores culturales
La SACM recordó que no tiene fines de lucro y su único propósito es garantizar que las y los compositores reciban lo justo por su trabajo.
“La música no es gratis. Detrás de cada canción hay una familia que vive de ello.”
📣 Hacia un convenio nacional: ¿una solución a la vista?
Por instrucciones de la Presidenta de la República, se trabaja en un convenio nacional que establezca criterios unificados, proteja a microempresas y garantice la legalidad en el uso de música en espacios públicos.
¿Qué sigue? El IMPI asegura que continuará con operativos bajo criterios de transparencia, legalidad y cero extorsión.
🧠 Esto no termina aquí…
¿Dónde está el equilibrio entre proteger la creatividad y no asfixiar al comercio local? ¿Quién paga la música que escuchamos todos los días en tiendas y cafés? La conversación apenas comienza.
¿Tú qué opinas? ¿Deberían los negocios pagar por reproducir música? Comparte tu opinión y ayuda a construir una cultura de legalidad.
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