La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera tajante que exista un supuesto pacto político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionado con la investigación contra el exfiscal estatal César Jáuregui.
Durante la conferencia presidencial, Sheinbaum respondió a las versiones que plantean que habría existido un acuerdo entre ambos gobiernos alrededor del proceso contra el exfuncionario e incluso sobre un supuesto futuro diplomático para la mandataria chihuahuense.
“La justicia está por encima incluso de la política, y nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó la Presidenta.
¿De dónde surge el caso?
Sheinbaum reconstruyó el origen de la investigación y explicó que el asunto comenzó tras conocerse la muerte de dos agentes del gobierno de Estados Unidos en un accidente carretero ocurrido en la Sierra Tarahumara.
Posteriormente se conoció que los agentes se encontraban acompañados por personal de la Fiscalía de Chihuahua y que presuntamente habían acudido a revisar un sitio relacionado con la fabricación de metanfetaminas.
La Presidenta puntualizó dos aspectos: no se desmanteló ningún laboratorio y, de acuerdo con su explicación, una fiscalía estatal no tiene atribuciones para realizar ese tipo de acción, pues corresponde a la Fiscalía General de la República.
Agentes estadounidenses no tenían permiso, afirma Sheinbaum
Uno de los datos más relevantes expuestos durante la conferencia fue que, según Sheinbaum, los agentes estadounidenses involucrados no contaban con autorización para estar en México bajo las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
“Resulta que no tenían permiso y que habían entrado al país bajo otras consideraciones”, señaló.
La mandataria consideró además que el operativo realizado durante la noche o madrugada no debió ocurrir y calificó como irresponsable acudir en esas condiciones a una zona carretera peligrosa únicamente para revisar el supuesto laboratorio.
A partir de esos hechos, explicó, la FGR inició una investigación para determinar por qué había agentes estadounidenses participando en una operación en territorio mexicano.
“No hacemos un pacto”
Sheinbaum rechazó que el proceso judicial pueda interpretarse como resultado de una negociación con el gobierno de Chihuahua.
“Pero nosotros no hacemos un pacto; imagínense: ‘ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué’, no, pues no”, expresó.
Añadió que corresponde a la Fiscalía realizar la investigación, presentar las declaraciones y acreditar jurídicamente los elementos que llevaron al procedimiento contra el exfiscal.
El punto central: la Ley de Seguridad Nacional
La Presidenta sostuvo que el elemento relevante de la investigación es la presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Según explicó, dicha legislación establece las condiciones bajo las cuales autoridades estatales —incluidas fiscalías, tribunales y poderes ejecutivos— pueden mantener relaciones con agencias de Estados Unidos u otros países.
Sheinbaum afirmó que la FGR encontró que el exfiscal de Chihuahua habría violado esa legislación.
¿Y Maru Campos?
Durante la conferencia también se cuestionó a la Presidenta sobre si las investigaciones podrían alcanzar a la gobernadora Maru Campos debido a su relación institucional con la Fiscalía estatal.
Sheinbaum evitó adelantar conclusiones:
“Pues que lo evalúe la Fiscalía”.
También rechazó versiones que aseguran que ella habría “exonerado” a la gobernadora de Chihuahua.
“No es mi papel; en todo caso, es el papel de la Fiscalía investigar, y la Fiscalía investiga hasta dónde hay pruebas”, explicó.
Con ello, la mandataria dejó abierta la determinación exclusivamente al ámbito ministerial: será la investigación de la FGR la que establezca si existen elementos para ampliar responsabilidades.
Sheinbaum también pone un límite: la política no debe judicializarse
La conferencia abrió otro debate cuando se preguntó a Sheinbaum si declaraciones o gestiones realizadas en Estados Unidos por figuras opositoras como Alejandro Moreno y Lilly Téllez deberían derivar en investigaciones por traición a la patria.
La respuesta presidencial fue negativa.
“Así como digo que la justicia no debe politizarse, tampoco la política debe judicializarse”, señaló.
Para Sheinbaum existe una diferencia entre una autoridad encargada de procurar justicia que presuntamente viola la Ley de Seguridad Nacional y las declaraciones políticas de dirigentes o legisladores.
Consideró que las actuaciones políticas deben ser sometidas al juicio de los ciudadanos y al debate público, no convertirse automáticamente en expedientes de la Fiscalía.
La investigación deberá hablar
El mensaje presidencial dejó dos líneas claramente diferenciadas: por un lado, rechazó cualquier negociación política para encarcelar, proteger o exonerar funcionarios; por otro, defendió que sea la FGR la que determine, con pruebas y dentro del Sistema Penal Acusatorio, hasta dónde llegan las responsabilidades.
La audiencia del exfiscal se convierte así en una pieza clave para conocer los elementos que sostiene la Fiscalía y determinar el alcance de un caso que ya trascendió Chihuahua para colocar sobre la mesa un asunto de mayor dimensión: los límites de actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano y las obligaciones de las autoridades estatales frente a la Ley de Seguridad Nacional.
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