El periódico EL PAÍS ha documentado una preocupante situación en Ciudad de México, la metrópolis de habla hispana más grande del mundo.
De acuerdo con una revisión de los expedientes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital, más de 500 construcciones se han levantado de manera irregular en las 16 alcaldías.
Estas construcciones irregulares se caracterizan por haber sido edificadas sin los permisos necesarios, exceder los límites de altura permitidos, y no respetar áreas de conservación y patrimonio cultural.
La situación se concentra especialmente en las alcaldías más céntricas y prósperas de la ciudad, lo que ha generado fenómenos urbanos preocupantes.
El problema de la ilegalidad en la arquitectura de Ciudad de México ha sido impulsado, en parte, por el desconocimiento y la burocracia que enfrentan quienes desean realizar construcciones o remodelaciones.
La complejidad del proceso ha llevado a muchas personas a ignorar las reglas y ha alimentado la corrupción en el sector de la construcción.
El caso más notable salió a la luz cuando la Fiscalía de Ciudad de México investigó a una red de funcionarios públicos en la alcaldía Benito Juárez que autorizaba construcciones irregulares a cambio de sobornos, lo que evidenció la existencia de un cartel inmobiliario.
Sin embargo, testimonios sugieren que esta práctica es común en toda la ciudad.
El pasado gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó el Bando 2, una medida que impulsó el desarrollo en ciertas delegaciones, lo que contribuyó a la masificación de edificios y habitantes en estas áreas.
La Administración actual, liderada por Claudia Sheinbaum, ha emprendido acciones para abordar el problema. Se han publicado datos sobre edificios construidos irregularmente en la alcaldía Benito Juárez y se han instalado mesas para atender a las víctimas del cartel inmobiliario.
No obstante, aún persisten cientos de construcciones fuera de la ley en toda la ciudad.
Es fundamental tomar medidas efectivas para enfrentar la ilegalidad en la arquitectura de Ciudad de México y proteger el patrimonio cultural y las áreas de conservación.
La transparencia y la aplicación rigurosa de las regulaciones son clave para garantizar el desarrollo urbano sostenible y seguro en esta metrópolis en constante crecimiento.
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