La relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial se vuelve aún más tensa con la reciente revelación de que el ministro Luis María Aguilar Morales presentó ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de resolución que planteaba destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador si no acataba una sentencia de amparo en favor de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
A pesar de que la resolución estaba lista para su votación, Aguilar Morales decidió retirar el asunto de último momento. Aunque no se detallaron las razones de este cambio, a menudo tales decisiones son tomadas tras reuniones privadas previas a sesiones públicas.
La controversia surge de un amparo otorgado a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, buscando prolongar su periodo en el TFJA. El ministro Aguilar argumentaba que, de no presentar López Obrador una ratificación de dicho mandato ante el Congreso, debería aplicarse el artículo 107 constitucional y proceder a la destitución del presidente.
Esta situación ocurre en un escenario ya cargado de conflictos entre el ministro Aguilar Morales y el gobierno de López Obrador. El Ejecutivo ha señalado al ministro de favorecer al empresario Ricardo Salinas Pliego en disputas fiscales millonarias.
Luisa Alcalde, Secretaria de Gobernación, ha adelantado que presentará una queja para evaluar la conducta del ministro en casos fiscales ligados a la empresa Elektra.
La interpretación del artículo 107 por Aguilar Morales subraya la influencia de la SCJN en decisiones que pueden alterar el equilibrio entre poderes y el rumbo del país.
La lucha del gobierno contra la dilación judicial: 25 mil millones en juego
Discussion about this post