Por Alberto Marroquín Espinoza
Ciudad de México.– No se trata de un pleito político ni de un intercambio de declaraciones. Se trata de la ley. Durante más de 16 años, un poderoso consorcio empresarial en México utilizó estrategias ilegales para evadir el pago de miles de millones de pesos en impuestos. Hoy, esa historia podría terminar con prisión preventiva oficiosa y un precedente judicial histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
💼 El fraude detrás del “éxito empresarial”
Desde 2008, este grupo aprovechó el desaparecido régimen de consolidación fiscal para inflar pérdidas, manipular contabilidad y comprar empresas en quiebra con el único fin de reducir su carga tributaria. Declaraban pérdidas ficticias, absorbían deudas ajenas y, en algunos casos, compraban empresas quebradas sólo para deducir sus pasivos.
Incluso llegaron a declarar pérdidas millonarias tras la compra de una aerolínea, movimientos que el SAT calificó como “simulaciones corporativas”. En total, el fraude supera los 24,968 millones de pesos en créditos fiscales, sin contar recargos, multas y actualizaciones.
⚖️ Del juicio administrativo a la cárcel
El caso ya superó la primera, segunda y tercera instancia judicial, y nueve procesos están a punto de resolverse en la SCJN. Pero la historia ya no se limita a una disputa fiscal: el gobierno lo ha vinculado directamente con lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que permiten solicitar prisión preventiva oficiosa.
“Nuestra Constitución nos protege contra estos esquemas ilícitos. No solo dañaron al fisco federal, sino que afectaron a empresas que sí cumplen con la ley”, señaló la Procuraduría Fiscal. “Estos mecanismos son utilizados muchas veces por redes criminales que mezclan operaciones financieras ilegales con estructuras corporativas”.
🚨 Empresas fachada y simulaciones bajo la lupa
El SAT ha detectado múltiples prácticas ilegales, como la creación y cancelación de empresas en un solo día —una táctica común de las llamadas factureras—, que ya ha sido prohibida por nuevas reformas. También se eliminó la posibilidad de consolidar pérdidas de empresas compradas con deudas para reducir pagos, una táctica “abusiva y fraudulenta” según la autoridad.
“No es un asunto de si hablaron bien o mal de nosotros. Esto no es político. Es cumplimiento de la ley. Y quien no la cumpla, enfrentará consecuencias”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.
🔒 Cero privilegios y un mensaje directo
El artículo 28 constitucional es claro: están prohibidas las condonaciones y exenciones de impuestos, salvo en los casos estrictamente definidos por ley. Y aunque el Código Fiscal permite reducciones de multas y recargos, esto solo aplica si el contribuyente acude voluntariamente a pagar antes de ser requerido.
“La puerta del SAT está abierta, pero solo dentro del marco legal”, insistió el gobierno. “Este no es un asunto político, es una cuestión de Estado de derecho y justicia fiscal”.
La resolución de la Suprema Corte no solo definirá el futuro de este consorcio, sino que podría convertirse en un parteaguas histórico en la lucha contra la evasión, el lavado de dinero y la impunidad corporativa en México.
SABES DE QUE EMPRESA SE TRATA?
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