Un medicamento cuyo precio comercial rondaría entre mil y mil 500 pesos habría sido adquirido hasta en cinco mil u ocho mil pesos mediante un contrato relacionado con el ISSSTE en Querétaro.
El periodista y director de EsAhoraAm, Alberto Marroquín, informó durante su programa que recibió una denuncia y que tiene en su poder el documento correspondiente.
Ante las diferencias encontradas, anunció que solicitará la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que investigue el procedimiento.
La autoridad deberá revisar los estudios de mercado, las características de los productos, las cantidades contratadas, las empresas proveedoras y las personas que autorizaron las compras.
Un contrato que debe explicarse
Marroquín señaló que algunos precios asentados en la documentación recibida serían considerablemente superiores a los encontrados en farmacias y establecimientos comerciales.
El señalamiento no significa que una irregularidad ya esté comprobada. Las diferencias podrían depender de las presentaciones, concentraciones, condiciones de entrega o servicios incluidos en el contrato.
Sin embargo, la distancia entre los precios mencionados exige una explicación documental.
“Tenemos la evidencia de la denuncia y un contrato en mano de lo que está pasando en Querétaro”, expresó Alberto Marroquín durante el programa.
El análisis deberá determinar si las cantidades pagadas estaban justificadas o si existió un daño para los recursos públicos.
Buen Gobierno presume ahorros millonarios
La denuncia fue expuesta después de revisar el informe presentado por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La funcionaria informó que las acciones preventivas y de vigilancia implementadas durante la administración generaron ahorros cercanos a 84 mil millones de pesos.
De acuerdo con las cifras presentadas, los principales resultados fueron:
- 29 mil millones de pesos mediante estrategias de compras públicas.
- 42 mil millones al evitar sobrecostos o estimaciones equivocadas en obras.
- 7 mil 800 millones por la reorganización de estructuras gubernamentales.
- 4 mil 800 millones derivados de multas y sanciones.
Buenrostro explicó que el diálogo con proveedores, la apertura de la competencia y la revisión de los anexos técnicos permiten mejorar las adquisiciones públicas.
Estas medidas también buscan evitar que los requisitos sean elaborados para limitar la participación de empresas o favorecer a determinados proveedores.
¿Quién vigila las compras en los estados?
Alberto Marroquín cuestionó si los controles anunciados por el Gobierno federal también se aplican con el mismo rigor en las representaciones estatales de las dependencias.
Las compras consolidadas pueden generar mejores precios para el Gobierno central. Sin embargo, las adquisiciones realizadas directamente en los estados también requieren vigilancia.
En cada procedimiento deberían conocerse los estudios de mercado, las cotizaciones recibidas, los criterios de selección y las razones utilizadas para adjudicar un contrato.
El periodista sostuvo que el caso del ISSSTE en Querétaro puede convertirse en una prueba para la política preventiva anunciada por Buen Gobierno.
Si la dependencia presume miles de millones de pesos ahorrados mediante la supervisión de contratos, también deberá responder ante denuncias concretas sobre posibles precios inflados.
Otro pendiente: el Servicio Profesional de Carrera
Durante el programa, Marroquín también cuestionó que el informe de Raquel Buenrostro no profundizara en el cumplimiento del Servicio Profesional de Carrera.
El periodista expuso el caso de un empleado federal que presuntamente ocupó durante 15 años una jefatura relacionada con sistemas y tecnologías.
Aunque habría cumplido evaluaciones y obtenido certificaciones, fue separado del puesto después de una modificación administrativa en el perfil de la plaza.
Según el relato presentado, la posición dejó de estar relacionada con sistemas y fue convertida en una jefatura vinculada con impacto ambiental.
El trabajador, especializado en informática, ya no habría cumplido con el nuevo perfil utilizado para justificar su separación.
Marroquín cuestionó si estos cambios administrativos respetaron los derechos de los servidores públicos incorporados mediante evaluaciones y certificaciones profesionales.
La autoridad deberá responder
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá determinar si la denuncia y el contrato contienen elementos suficientes para iniciar una investigación.
Por su parte, el ISSSTE deberá transparentar el procedimiento de contratación, los estudios de mercado, las empresas participantes, los precios unitarios y las condiciones de adquisición.
También será necesario establecer si los productos comparados tienen la misma presentación, concentración, cantidad y condiciones de distribución.
La existencia de diferencias de precios no demuestra, por sí misma, la comisión de una falta administrativa o un delito. Pero sí obliga a investigar y explicar cómo fue utilizado el dinero público.
El ahorro gubernamental no solamente debe medirse en anuncios nacionales. También debe demostrarse en cada contrato firmado y en cada peso gastado en los estados.
Discussion about this post