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Home México Guanajuato

Caso Ayotzinapa: nuevas pruebas contradicen versión respaldada por Anabel Hernández

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la periodista fue utilizada como testigo en Estados Unidos para sostener que los normalistas no estuvieron en la barandilla de Iguala; nuevas evidencias científicas de la FGR apuntan en sentido contrario.

by Alberto Marroquín Espinoza
in Guanajuato, Mañanera, Nacional, Querétaro, Seguridad
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Anabel Hernández y nuevas pruebas de la FGR en el caso Ayotzinapa

Nuevas líneas de investigación de la FGR sobre el caso Ayotzinapa contradicen la versión sobre la barandilla de Iguala mencionada por Claudia Sheinbaum.

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El caso Ayotzinapa abrió un nuevo capítulo que alcanza directamente a una de las periodistas más conocidas de México: Anabel Hernández.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este 29 de septiembre que Hernández fue utilizada como testigo en Estados Unidos para respaldar la versión de que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron en la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El señalamiento adquiere relevancia porque las nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), basadas en análisis de comunicaciones, registros telefónicos y datos técnicos, han encontrado elementos que apuntan precisamente en sentido contrario.

“¿Quién fue quien utilizaron como testigo —y lo voy a decir— en Estados Unidos para decir que ‘los estudiantes no estuvieron en la barandilla’? Anabel Hernández”, declaró Sheinbaum durante su conferencia.

La mandataria agregó inmediatamente una afirmación central: “hay pruebas de la Fiscalía que sí estuvieron en las barandillas, ahora, científicas”.

El teléfono que cambia la investigación

La nueva línea de investigación parte del análisis de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con la explicación presidencial, la Fiscalía utilizó los números IMEI de los dispositivos para rastrear su utilización posterior a la desaparición.

Uno de los teléfonos apareció relacionado con el juzgado de barandillas de Iguala, una ubicación que resulta particularmente relevante porque el juez que se encontraba ahí aquella noche posteriormente salió hacia Estados Unidos y actualmente el Gobierno de México solicita su extradición.

La FGR confirmó oficialmente que las nuevas líneas de investigación del caso se construyen mediante el reanálisis de documentos y registros telefónicos utilizando elementos técnicos y científicos. El organismo sostiene que esta metodología permitió relacionar información acumulada durante 12 años e identificar indicios que anteriormente no habían sido investigados a profundidad.

¿Cuál fue el papel de Anabel Hernández?

La intervención de Hernández en este episodio no comenzó ahora.

Documentos relacionados con el procedimiento migratorio de José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla de Iguala durante la noche de la desaparición, muestran que el testimonio de la periodista fue considerado dentro del procedimiento mediante el cual Bernabé obtuvo asilo en Estados Unidos.

Según información publicada en 2024 sobre la sentencia de la Corte de Inmigración estadounidense, Hernández declaró sobre su investigación del caso y sus entrevistas con Bernabé. La corte consideró elementos aportados por ambos al analizar la solicitud de asilo.

La propia Hernández publicó en 2015 una entrevista con Bernabé en la que éste aseguró que los estudiantes jamás habían sido llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala.

Ese punto es precisamente el que ahora entra en contradicción con las nuevas evidencias que está analizando la Fiscalía.

Una contradicción con posibles consecuencias judiciales

La aparición de nueva evidencia no significa automáticamente que Anabel Hernández haya cometido un delito.

Hasta el momento, las fuentes oficiales revisadas no informan que la periodista esté imputada, investigada penalmente o que exista una orden de aprehensión en su contra.

La distinción es fundamental.

Lo que sí existe es una contradicción entre elementos que fueron considerados por una corte estadounidense y la evidencia técnica que ahora presenta la investigación mexicana.

La cuestión jurídica dependerá, entre otros factores, de determinar exactamente en qué calidad compareció Hernández ante las autoridades estadounidenses, qué declaró bajo juramento, qué hechos presentó como conocimiento propio y cuáles provenían de sus fuentes o de entrevistas periodísticas.

Por ello, sería prematuro hablar de responsabilidad penal.

Pero la nueva evidencia sí podría adquirir relevancia en el procedimiento relacionado con José Ulises Bernabé, particularmente ante la solicitud mexicana para que sea extraditado.

México busca al exjuez de barandilla

Sheinbaum confirmó que el principal juez de barandilla salió hacia Estados Unidos y que México está solicitando su extradición.

El caso no es nuevo.

Desde 2024 se había informado que el Gobierno mexicano cuestionaba elementos utilizados para concederle asilo. Documentos del procedimiento migratorio estadounidense indican que tanto las declaraciones de Bernabé como información presentada por Hernández tuvieron peso dentro del expediente.

Ahora aparece un elemento adicional: un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes desaparecidos habría sido utilizado en el entorno de la propia barandilla después de la desaparición, según la nueva línea de investigación presentada por las autoridades mexicanas.

No es la única nueva línea de Ayotzinapa

La investigación tampoco se limita al juzgado municipal.

El subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que el reanálisis de decenas de miles de comunicaciones permitió identificar a 17 personas que anteriormente no habían sido detectadas dentro de esta línea de investigación.

Las llamadas permitieron reconstruir comunicaciones entre integrantes de la delincuencia organizada señalados por su posible participación en la desaparición y personas relacionadas con una funeraria, el Servicio Médico Forense y trabajadores del Sector Salud de Iguala.

Durante cateos posteriores fueron localizados certificados de defunción firmados en blanco, autorizaciones de traslado también en blanco, un arma de uso exclusivo del Ejército y cientos de fragmentos óseos. Las autoridades también reportaron un horno crematorio clandestino.

Medina Padilla señaló que los indicios llevaron a revisar la posible existencia de una red criminal relacionada con el Semefo y la funeraria.

Hasta ahora, los fragmentos analizados no han dado resultado positivo respecto de los estudiantes desaparecidos.

Treinta nuevos detenidos

Sheinbaum informó además que existen 30 nuevos detenidos derivados de las nuevas líneas de investigación.

La estrategia, explicó, busca reducir la dependencia de testimonios y declaraciones —incluidos testimonios de integrantes de organizaciones criminales— para privilegiar elementos técnicos y científicos.

La FGR confirmó oficialmente que las cuatro nuevas líneas surgieron precisamente de un nuevo análisis de información acumulada durante los últimos 12 años.

El punto que ahora deberá aclararse

La nueva evidencia abre una pregunta que rebasa la disputa entre el Gobierno federal y Anabel Hernández:

¿Cómo llegó el teléfono de un estudiante desaparecido al entorno de la barandilla de Iguala si durante años se sostuvo que los normalistas nunca estuvieron ahí?

Responderla podría ser determinante para reconstruir lo ocurrido aquella noche.

Y también podría obligar a revisar declaraciones y elementos que fueron considerados por autoridades estadounidenses para conceder protección migratoria al exjuez José Ulises Bernabé.

Por ahora, no existe información oficial que permita atribuir responsabilidad criminal a Anabel Hernández.

Lo documentado es distinto, pero jurídicamente relevante: la presidenta de México identificó públicamente a Hernández como una de las personas cuyo testimonio fue utilizado en Estados Unidos para sostener una versión que las nuevas evidencias científicas de la FGR contradicen.

Será la investigación ministerial —y, en su caso, los tribunales— la que determine las consecuencias jurídicas de esa contradicción.

 

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