¿Quién ordenó, contrató y pagó los espectaculares que responsabilizan a una “obra federal” del tránsito lento en Querétaro?
La pregunta cobra mayor relevancia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que utilizar logotipos gubernamentales para inducir al engaño y cometer un ilícito puede ser sancionado con prisión y multa.
En Querétaro, Santiago Nieto Castillo presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud para investigar el uso presuntamente ilegal del logotipo oficial del Gobierno de México en espectaculares instalados en la capital.
Los anuncios muestran el mensaje:
“Precaución. Tránsito lento derivado de la obra federal. Carretera México–Querétaro”.
En la parte inferior aparece la identidad gráfica del Gobierno de México, lo que podría hacer creer a los automovilistas que se trata de una comunicación emitida o autorizada por una institución federal.
Sheinbaum: se sanciona el fraude, no la sátira
El mismo 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no busca castigar memes, críticas ni expresiones de sátira política.
Su objetivo, puntualizó, es sancionar el uso de la imagen de una persona o de los logotipos oficiales para engañar y cometer un fraude.
“No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la Presidenta en un video utilizando Inteligencia Artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude. Eso es un delito”, explicó.
Sheinbaum agregó que tampoco se pretende castigar la crítica política o las ofensas personales.
“Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del Gobierno”, puntualizó durante la conferencia matutina.
La presidenta aclaró que la reforma busca contar con herramientas jurídicas frente a comunicaciones falsas que aparentan ser oficiales y que pueden provocar un daño económico o inducir a la ciudadanía a realizar alguna acción mediante el engaño.
En Querétaro utilizaron la imagen del Gobierno federal
La explicación presidencial coloca bajo mayor escrutinio los espectaculares denunciados en Querétaro.
Aunque la publicidad no corresponde necesariamente a los ejemplos de fraude económico mencionados por Sheinbaum, sí utiliza la identidad gráfica gubernamental para atribuirle apariencia oficial a un mensaje sobre las obras federales.
Santiago Nieto sostiene que el logotipo fue colocado sin autorización y como parte de una campaña de desinformación contra el proyecto del Tren México–Querétaro.
“No permitiremos que se confunda a la población sobre el origen de esa falsa información”, declaró.
Será el IMPI y, en su caso, otras autoridades competentes, quienes determinen si el uso del logotipo constituye una infracción administrativa o si existen elementos para abrir otra clase de procedimiento.
La presentación de la denuncia no significa que ya se haya comprobado un delito ni que existan responsables sancionados.
De uno a cinco años de prisión
Según el comunicado de Presidencia, la modificación aprobada por el Senado establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización.
La sanción se aplicaría a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad institucional de una dependencia pública para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la disposición comprende logotipos, dominios electrónicos y documentos oficiales pertenecientes a instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, para que se configure el supuesto penal no bastaría con demostrar que se utilizó un emblema sin autorización. La autoridad tendría que establecer que se buscó inducir al engaño y cometer un ilícito.
¿Quién está detrás de los espectaculares?
Hasta el momento no se ha informado públicamente quién contrató los espacios, cuánto costó la campaña ni qué persona, empresa u organización entregó el diseño.
Santiago Nieto pidió que la investigación no se limite al uso del logotipo. Exigió identificar a quienes habrían financiado esta publicidad y determinar si existió una estrategia contra el Tren México–Querétaro.
La investigación deberá esclarecer:
- Quién contrató los espectaculares.
- Qué empresa recibió el pago.
- Quién elaboró y autorizó el diseño.
- Cuántos anuncios fueron colocados.
- Cuánto dinero se destinó a la campaña.
- Quién decidió utilizar el logotipo federal.
- Si se buscó hacer pasar el mensaje como información oficial.
- Si existió alguna finalidad política o electoral.
La pregunta sigue sin respuesta
El debate ya no se limita a una campaña contra una obra federal. Ahora también involucra el uso de la identidad del Gobierno de México para dar apariencia oficial a un mensaje cuyo autor permanece oculto.
Mientras el IMPI analiza la denuncia, la pregunta central sigue abierta: ¿quién pagó esos espectaculares y por qué utilizó el logotipo del Gobierno de México?
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