La primera vez que lo vi era un adolescente flaco, con una mochila gastada y una pregunta sencilla que en México suele no tener respuesta: “¿Dónde puedo estudiar la prepa?”. Vivía en León, Guanajuato, una ciudad de más de dos millones de habitantes que, hasta hace poco, solo tenía una preparatoria pública. No entró. No alcanzó lugar. No alcanzó futuro.
Un año después volvió a aparecer. Ya no buscaba escuela. Buscaba trabajo. Encontró lo que millones de jóvenes encuentran: jornadas largas, sueldos miserables y una vida que no ofrecía ninguna salida.
Mientras tanto, en su colonia había otra narrativa. Series, historias de poder, hombres temidos, dinero rápido.
La violencia no solo estaba presente, estaba normalizada y, peor aún, era aspiracional.
Cuando el Estado no llega, alguien más ocupa su lugar. En este país ese alguien suele ser el crimen organizado.
La noche que lo detuvieron fue breve. Una patrulla municipal lo interceptó. Dos policías jóvenes bajaron del vehículo. Uno de ellos lo reconoció. Vivían en la misma colonia. Tenían familia ahí. Tenían miedo. No era corrupción. Era supervivencia. Lo dejaron ir.
Así funciona la seguridad municipal en buena parte de México: policías mal pagados, sin certificación, sin respaldo real, enfrentando a grupos criminales que conocen sus casas, sus calles y sus nombres. Presidentes municipales que cambian cada tres años, sin experiencia en seguridad, terminan negociando no por ambición, sino por terror.
Antes le dijeron “nini”. Ni estudia, ni trabaja. Una etiqueta cómoda para un sistema que nunca ofreció oportunidades reales. Luego llegó la oferta: dinero por encima del salario mínimo, respeto inmediato, una moto, un arma. Pasó de invisible a temido. Y su familia lo supo. Y lo permitió. No por maldad, sino por hambre.
Mientras eso ocurría, durante décadas el país dejó de invertir en educación pública, privilegió lo privado y cerró la puerta a millones de jóvenes. Estados como Guanajuato combinaron el abandono educativo con policías infiltradas, fiscalías coludidas y jueces complacientes. El resultado fue una generación reclutada por el crimen y un Estado rebasado desde lo local.
Por eso la seguridad no se arregla solo con leyes, operativos o cifras. Se arregla con escuelas, oportunidades y policías que no estén solos. Programas como las becas educativas o Jóvenes Construyendo el Futuro no son dádivas: son contención social, son la diferencia entre elegir una opción de vida o una opción de muerte.
Rumbo a 2027, México enfrenta una decisión incómoda. Seguir fingiendo que las policías municipales funcionan o construir cuerpos estatales profesionales, certificados, rotativos y con una verdadera carrera policial nacional. Suena radical, pero más radical es seguir contando muertos.
No sé qué fue de ese joven. Tal vez está preso. Tal vez está muerto. Tal vez sigue ahí. Lo que sí sé es que la seguridad en México no se perdió por falta de fuerza, sino por ausencia de Estado. Y si no entendemos esa historia, la seguiremos repitiendo con otros nombres, en otras colonias, en otros municipios.
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