ACÁMBARO, GTO.— En 1949 perdieron su pueblo, sus tierras, su iglesia, su panteón y buena parte de su historia. Hoy, 77 años después, habitantes de Acámbaro y Nuevo Chupícuaro temen que el gobierno vuelva a decidir por ellos.
Esta vez no sería el agua la que cubriría sus casas. Sería un ducto el que se llevaría el agua que mantiene vivas sus parcelas.
Cuando los agricultores se opusieron al proyecto para conducir agua desde la presa Solís hacia León y otros municipios, aseguran que representantes del Gobierno de Guanajuato les respondieron:
“Va porque va”.
Después formularon la pregunta que nadie quería responder: ¿qué ocurrirá cuando no llueva y el agua no alcance para el acueducto y las cosechas?
Según los testimonios recogidos por Alberto Marroquín Espinoza, un funcionario de Gobernación contestó:
“Pídanle a Dios que llueva”.
Fue entonces cuando el pueblo decidió levantarse.
El ducto que encendió la memoria
El proyecto oficial contempla un acueducto de aproximadamente 201 kilómetros para llevar agua hacia Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León.
Su capacidad sería de alrededor de 3 mil 800 litros por segundo, equivalentes a casi 120 millones de metros cúbicos al año. La inversión estimada supera los 15 mil millones de pesos.
El Gobierno federal y el de Guanajuato sostienen que ese volumen no será retirado de las asignaciones actuales del campo. Afirman que provendrá del ahorro generado al tecnificar 10 mil 207 hectáreas del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma.
Pero los agricultores de Acámbaro no están convencidos.
Su pregunta es sencilla: ¿qué pasará si el supuesto ahorro no alcanza?
“Nuestras tierras quedarían únicamente de temporal”
Los productores advierten que la disponibilidad de agua depende de las lluvias y del nivel de almacenamiento de la presa Solís.
Durante los años secos, aseguran, algunas parcelas ya reciben menos agua y otras deben sembrarse como tierras de temporal.
Temen que, una vez construido el acueducto, los 120 millones de metros cúbicos destinados a las ciudades mantengan prioridad, mientras el campo absorbe las restricciones.
“No creemos que vayan a cerrar las fábricas y mandar a los trabajadores a sus casas porque no hay agua”, señalaron durante la entrevista.
Su conclusión es contundente: cuando el agua sea insuficiente, las parcelas perderán el riego.
Sin agua no habría maíz. No habría cosechas. No habría ingresos para pagar semillas, fertilizantes, maquinaria y deudas.
El campo quedaría dependiendo de una sola esperanza: que llueva.
Denuncian que el agua fue cedida sin consultar
El Módulo de Riego Número 1 del Distrito de Riego 011 está constituido por 22 ejidos y pequeñas propiedades.
Los entrevistados explicaron que cada ejido cuenta con dos delegados y los pequeños propietarios con ocho representantes. En total participan 52 delegados.
Sin embargo, aclararon que los representantes no pueden tomar unilateralmente una decisión sobre el agua.
Cada ejido debe conocer la propuesta, discutirla y votar sus acuerdos mediante una asamblea.
Pese a ello, los agricultores denunciaron que el presidente del módulo habría comprometido arbitrariamente la distribución del agua sin contar con la autorización de las asambleas ejidales.
También sostienen que una lista de asistencia habría sido utilizada para respaldar la supuesta aceptación del proyecto.
Se trata de acusaciones formuladas por los entrevistados que deberán ser aclaradas por el presidente del módulo y las autoridades estatales y federales involucradas.
“No nos preguntaron; nos dijeron que se haría”
Los productores afirman que las reuniones no fueron convocadas para decidir si aceptaban el acueducto.
Aseguran que los representantes gubernamentales llegaron con una determinación tomada:
“No es si quieren o no quieren. Va porque va”.
Para los habitantes, esa frase transformó una obra hidráulica en un conflicto político y social.
Ya no se discutía solamente cómo modernizar el riego. Se les estaba comunicando que el agua sería conducida hacia otras ciudades, aunque las comunidades agrícolas no estuvieran de acuerdo.
El Gobierno de Guanajuato ofrece una versión distinta. Asegura que el acueducto no afectará a los productores, que utilizará únicamente el volumen recuperado mediante la tecnificación y que el agua será destinada al consumo humano, no a la industria.
Entre la promesa oficial y el temor de los campesinos existe una pregunta que todavía no ha sido respondida con claridad:
¿Quién asumirá el riesgo si el ahorro prometido no se obtiene?
EsAhoraAm recorrió la presa y los canales
Después de entrevistar a los ciudadanos en Acámbaro, Alberto Marroquín se trasladó hasta la presa Solís para conocer directamente sus condiciones actuales.
El recorrido continuó por los canales que conducen el agua hacia las parcelas.
Los agricultores mostraron los puntos donde, según su testimonio, se intentaron realizar taponamientos para comenzar trabajos relacionados con el proyecto.
EsAhoraAm documentó las condiciones físicas y los lugares señalados. Corresponde a las autoridades informar quién ordenó esas intervenciones, qué trabajos pretendían ejecutarse y si contaban con las autorizaciones correspondientes.
Los canales no solamente distribuyen agua para los cultivos. Los habitantes aseguran que también contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos y permiten que la fauna silvestre encuentre agua durante los meses más secos.
El ahorro que los campesinos ponen en duda
Conagua sostiene que la tecnificación permitirá recuperar hasta 120 millones de metros cúbicos mediante el revestimiento de canales, rehabilitación de estructuras y sistemas de riego por goteo. El programa incluye una inversión conjunta de 6 mil 400 millones de pesos y plantea beneficiar a más de 25 mil productores.
Los agricultores reconocen que el campo debe utilizar el agua con mayor eficiencia.
Lo que cuestionan es que el ahorro estimado sea suficiente y permanente para garantizar el abastecimiento del acueducto sin afectar las cosechas.
Explican que el riego por goteo puede reducir desperdicios, pero no elimina las necesidades hídricas del maíz y otros cultivos.
También advierten que la calidad del agua podría obstruir las cintillas, obligarlos a utilizar tratamientos químicos y elevar todavía más sus costos de producción.
“No estamos en contra de la tecnificación”, sostienen. “Estamos en contra de que la condicionen a llevarse el agua”.
En 1949 les dijeron que confiaran
Para entender por qué Acámbaro se levantó hay que regresar a 1949.
La construcción de la presa Solís obligó a desplazar 22 comunidades. Entre ellas estaba el antiguo Chupícuaro, asentado entre tierras fértiles y dos ríos.
El agua avanzó sobre las parcelas, las viviendas, la iglesia y el panteón.
Las familias dejaron atrás a sus muertos, su patrimonio y uno de los centros culturales prehispánicos más importantes de la región.
De acuerdo con el relato compartido por Diego Mondragón Briones, director del Museo de Chupícuaro, las familias fueron trasladadas a pequeñas casas, sin tierras suficientes para trabajar y sin los medios necesarios para reconstruir su vida.
Los habitantes aseguran que todavía existen familias sin certeza plena sobre las escrituras prometidas después del desplazamiento.
La presa fue construida para impulsar la agricultura.
Ahora, casi ocho décadas después, las comunidades temen que el agua acumulada gracias al sacrificio de sus antepasados sea conducida hacia las ciudades mientras sus propias tierras quedan de temporal.
Un pueblo que se niega a perderlo todo otra vez
La resistencia no surgió de partidos políticos ni de una disputa electoral.
Surgió de ciudadanos que observaron maquinaria, recorrieron los canales, revisaron el convenio y comenzaron a preguntar quién había autorizado el destino del agua.
Participaron Cleto Guerrero, Verónica Herrera, José López, Carlos Piña, Ángel Lara, Olga Ayala, José Antonio Godínez e Isauro Rodríguez.
Su preocupación común es el futuro de Acámbaro, Nuevo Chupícuaro y las comunidades agrícolas que dependen de la presa Solís.
No rechazan que otras ciudades tengan agua.
Exigen que garantizar el abastecimiento urbano no signifique condenar al campo a esperar las lluvias.
¡Otro 1949 no!
En 1949 les pidieron abandonar sus hogares por una obra que prometía progreso.
Hoy aseguran que nuevamente les piden confiar, entregar el agua y esperar que las lluvias resuelvan cualquier insuficiencia.
Pero esta vez respondieron antes de que el ducto comenzara a funcionar.
“¡Otro 1949 no!”
Las autoridades deben aclarar quién pronunció “va porque va”, quién respondió “pídanle a Dios que llueva”, cómo fueron aprobados los acuerdos y qué garantía jurídica protegerá a los agricultores cuando llegue una sequía.
Porque si la tecnificación no produce el volumen prometido, alguien tendrá que perder el agua.
Y los campesinos de Acámbaro temen que la respuesta ya esté decidida.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
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