Redacción | EsAhoraAm
Contratos por más de mil millones de pesos y siete empresas presuntamente relacionadas forman parte de una investigación periodística sobre proveedores de organismos electorales.
Según Antonio López, periodista de El Universal, el entramado habría obtenido adjudicaciones en al menos 13 entidades, entre ellas Querétaro.
En la entrevista proporcionada a este medio, López señaló que las compañías estarían vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, a quien identificó como cercano a Guadalupe Taddei.
El periodista describió posibles irregularidades en concursos y relaciones entre proveedores y funcionarios electorales.
Los señalamientos requieren esclarecer cómo se adjudicaron los contratos y si existieron conflictos de interés.
El monto contratado referido en la entrevista no equivale, por sí mismo, a un daño patrimonial acreditado.
Empresas relacionadas habrían participado como competidoras
De acuerdo con López, las empresas presuntamente participaban en licitaciones como si fueran competidoras independientes, pese a sus vínculos empresariales.
El reportero situó el inicio de las contrataciones en Sonora, en 2014, durante la gestión de Taddei al frente del organismo electoral local.
Posteriormente, sostuvo, los proveedores obtuvieron contratos en otras entidades.
Entre los estados mencionados figuran Querétaro, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Sinaloa, Campeche y Chihuahua, además de Sonora.
La entrevista no incluye expedientes ni desgloses que permitan identificar cuánto contrató cada organismo, qué procedimientos utilizó o qué bienes recibió.
Querétaro: falta conocer contratos, montos y procedimientos
La mención de Querétaro abre una línea de seguimiento local: identificar a las empresas contratadas, los montos pagados y los funcionarios que intervinieron.
El material proporcionado no permite establecer irregularidades específicas del organismo electoral queretano. Tampoco contiene una respuesta de esa institución a los señalamientos.
Para determinar el alcance local será necesario contrastar contratos, fallos de licitación, entregables y revisiones de los órganos fiscalizadores.
El señalamiento sobre funcionarios que también eran proveedores
López afirmó que se identificaron 57 personas físicas que habrían recibido contratos del INE mientras desempeñaban funciones en órganos electorales.
También refirió posibles omisiones en declaraciones patrimoniales y participación de servidores públicos en empresas.
Estas afirmaciones corresponden al relato del periodista y deben contrastarse con los expedientes respectivos.
Por separado, Excélsior informó el 27 de octubre que el Órgano Interno de Control del INE notificó a la Cámara de Diputados 16 procesos de investigación y 25 indagatorias adicionales.
El reporte menciona a 23 personas y 18 empresas.
Esas cifras corresponden a categorías distintas de las expuestas en la entrevista y no deben sumarse como un solo universo.
Investigaciones abiertas, responsabilidades por determinar
La información difundida coloca bajo escrutinio los mecanismos de contratación y vigilancia del gasto electoral.
Sin embargo, la apertura de investigaciones no acredita por sí misma responsabilidad administrativa o penal.
En la entrevista, López indicó que parte de la documentación que sustenta su trabajo todavía no era pública.
El material entregado tampoco incorpora las respuestas de las empresas o personas señaladas.
El seguimiento deberá establecer si hubo competencia efectiva, si los bienes y servicios se entregaron y si algún funcionario intervino para beneficiar a proveedores relacionados.
En Querétaro, el primer paso es conocer los contratos concretos que sustentan su inclusión en el reportaje.
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