Lo que inicialmente fue presentado como un aseguramiento histórico de combustible presuntamente ilegal en Guanajuato dio un giro: el Gobierno Federal confirmó que todavía no se ha determinado que los aproximadamente 59 millones de litros localizados en San José Iturbide sean producto de un delito.
Durante la conferencia matutina de este 25 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó además que Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, fue destituido luego de que se detectaran anomalías en el operativo.
El operativo ocurrió dos semanas antes
Uno de los datos relevantes revelados durante la conferencia fue la diferencia entre la fecha del operativo y el momento en que el caso se hizo público.
Al ser cuestionado sobre cuándo se realizó la intervención, García Harfuch respondió que ocurrió aproximadamente dos semanas antes de que fuera anunciada públicamente.
El aseguramiento fue difundido el 17 de septiembre, un día antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato. Información periodística posterior ha situado una de las acciones principales el 4 de septiembre.
No está comprobado que sea huachicol
Durante el intercambio con los periodistas se preguntó directamente al secretario de Seguridad si hasta ese momento se había podido comprobar que el combustible fuera huachicol.
García Harfuch respondió:
“No”.
La respuesta cambia un elemento fundamental del caso: el combustible fue asegurado mientras se determina su procedencia y legalidad, pero la investigación no ha concluido que los millones de litros almacenados sean combustible ilícito.
La FGR mantiene abierta la investigación por posibles delitos relacionados con hidrocarburos y defraudación fiscal.
La FEMDO atrajo la investigación
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la investigación original fue desarrollada por la Delegación de la FGR en Guanajuato, que cuenta con autonomía para integrar carpetas y solicitar a jueces federales órdenes de cateo o aprehensión.
De acuerdo con la explicación presidencial, inicialmente no participaron las áreas centrales especializadas de la Fiscalía.
Después de que las empresas relacionadas con las instalaciones aseguradas manifestaron contar con documentación y permisos para sus operaciones, la Fiscalía General decidió atraer el expediente.
La investigación quedó entonces en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que revisa la documentación y la posible existencia de irregularidades.
Destituyen al delegado de la FGR
Otro de los datos confirmados durante la conferencia fue la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato.
García Harfuch explicó que la decisión ocurrió después de que la Fiscalía detectara anomalías relacionadas con el operativo, entre ellas el tiempo transcurrido entre las acciones realizadas y su difusión pública, además de aspectos que no habían sido completamente verificados antes del anuncio.
¿Qué papel tuvo el Gobierno de Guanajuato?
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato participó proporcionando información y apoyo policial.
El titular de la dependencia estatal, Juan Mauro González Martínez, señaló posteriormente que las actuaciones policiales se realizaron bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal y pidió diferenciar la participación policial estatal de las decisiones ministeriales de la FGR.
También explicó que la investigación comenzó después del aseguramiento de una pipa cuyo combustible no contaba, en ese momento, con documentación que acreditara su procedencia legal.
De “aseguramiento histórico” a investigación abierta
El 17 de septiembre, autoridades informaron públicamente sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en instalaciones de San José Iturbide.
La magnitud provocó que inicialmente fuera presentado en diversos reportes como uno de los mayores aseguramientos de combustible presuntamente ilícito registrados en México.
Sin embargo, ocho días después, el panorama es distinto.
La autoridad federal reconoce que todavía debe determinarse la situación jurídica del combustible, la FEMDO revisa la documentación presentada por las empresas y el funcionario que encabezaba la representación de la FGR en Guanajuato fue separado del cargo.
La pregunta central sigue abierta:
¿Los aproximadamente 59 millones de litros eran combustible ilegal o estaban almacenados y documentados conforme a la ley?
La respuesta dependerá de las conclusiones de la investigación de la FGR.
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