La seguridad en México enfrenta un reto estructural: en la mayoría de los municipios del país, las policías municipales carecen de los elementos suficientes por cada mil habitantes, incumpliendo los estándares internacionales de cobertura. Este déficit pone en riesgo la efectividad de la seguridad pública y deja a las comunidades vulnerables ante el aumento de la delincuencia.
Expertos señalan que, mientras la Guardia Nacional cumple un rol esencial en tareas de seguridad estratégica, los municipios deben asumir su responsabilidad local con cuerpos policiales que sean suficientes, honestos y bien remunerados. Sin embargo, este objetivo enfrenta múltiples obstáculos, desde la falta de recursos hasta la corrupción, que erosionan la confianza ciudadana en sus policías.
El llamado es claro: fortalecer las capacidades municipales a través de un esquema de apoyo y exigencia coordinado por el gobierno federal y estatal. Esto implica no solo incrementar el número de policías, sino garantizar su profesionalización y condiciones laborales dignas que promuevan la integridad y el compromiso con sus comunidades.
La Guardia Nacional, que enfrenta críticas por el enfoque de sus labores, debe continuar priorizando su labor estratégica sin descuidar la promoción de un modelo de seguridad integral que inicie desde los municipios, señalaron especialistas en el tema.
A medida que el debate sobre la reforma policial avanza, surge una pregunta clave: ¿están los municipios preparados para asumir este desafío de manera autónoma o seguirán dependiendo de fuerzas federales para garantizar la seguridad de sus habitantes?
Datos clave:
- Estándares internacionales: Se recomienda al menos 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. En México, muchos municipios están lejos de alcanzar este promedio.
- Salarios bajos: En algunas localidades, los policías perciben ingresos menores a los $8,000 pesos mensuales, afectando su calidad de vida y su desempeño.
- Guardia Nacional: Desde su creación en 2019, se ha posicionado como el principal recurso del gobierno federal para combatir el crimen organizado, dejando a las policías municipales en un segundo plano.
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