Una historia de encubrimiento y simulación se esconde detrás del escritorio de Javier Rodríguez Uribe, quien pasó de ser contralor del Municipio de Querétaro a delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, pese a su responsabilidad directa en una de las investigaciones más manipuladas de los últimos años.
Durante su gestión como titular del Órgano Interno de Control, Javier Rodríguez fue el encargado de integrar las pruebas sobre el presunto desvío de más de 43 millones de pesos de recursos públicos destinados a programas sociales clave como becas municipales y apoyos por Covid-19.
Lo que debía ser una indagatoria rigurosa, se convirtió en una burla para la ciudadanía.
En el expediente CI/QRO/25074/2021, las listas de beneficiarios fueron presentadas con todas las hojas visiblemente mutiladas en la parte inferior.
En esa sección faltante se encontraban —según fuentes internas— las firmas de los funcionarios responsables de autorizar los pagos.
Es decir, se entregaron documentos incompletos de forma intencional, eliminando los elementos que vinculaban directamente a los implicados.
Una maniobra tan burda como peligrosa.
Lo más grave: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió los documentos incompletos y no solo no sancionó la evidente manipulación, sino que jamás levantó cargos contra Javier Rodríguez Uribe.
Una Fiscalía que debía combatir la corrupción, pero que terminó encubriéndola.
Peor aún, el 1 de enero de 2024, en medio del escándalo, Rodríguez Uribe solicitó su renuncia al frente del Órgano Interno de Control.
No presentó avances, no rindió cuentas, y simplemente se fue… para luego aparecer como delegado de la FGR en Querétaro.
Un funcionario que no acreditó ni siquiera el examen de confianza, hoy está al frente de operativos estatales.
Mientras tanto, el silencio institucional ha sido la respuesta.
Javier Rodríguez no ha emitido declaración alguna sobre las omisiones en su gestión ni sobre los señalamientos de manipulación de pruebas.
La justicia parece haberse convertido en una herramienta de ascenso, no de rendición de cuentas.
Este medio hace un llamado directo al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero: los informes que llegan a su escritorio están siendo manipulados por subalternos que protegen a perfiles cuestionados.
La integridad institucional está en riesgo si quienes encubren delitos terminan premiados con posiciones de poder.
No es tarde para corregir, pero sí urgente.
¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario.
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