Cuando se discute si el AIFA, el Tren Maya o los nuevos trenes de pasajeros son rentables, el debate suele reducirse a una operación: cuánto costaron y cuánto dinero ingresan.
Esa comparación sirve para medir la rentabilidad financiera, pero deja fuera una parte esencial de la infraestructura pública: sus beneficios para la población, la economía regional y el medio ambiente.
A esa medición más amplia se le conoce como rentabilidad social.
Millones de horas recuperadas
Durante el informe ferroviario presentado el 23 de septiembre en Palacio Nacional, el Gobierno de México señaló que las nuevas rutas conectarán regiones, ciudades y comunidades donde viven alrededor de 41 millones de personas.
La estimación oficial contempla una reducción promedio de 40% en los tiempos de traslado y aproximadamente 220 mil pasajeros diarios.
El ahorro de tiempo también tiene un valor económico y social. Significa menos horas en carreteras, mayor productividad y más tiempo disponible para las familias, el estudio y el descanso.
El Tren Interurbano México–Toluca, por ejemplo, redujo de dos horas a 45 minutos el recorrido de aproximadamente 51 mil usuarios diarios, según las cifras presentadas.
Por su parte, el Tren Felipe Ángeles transporta alrededor de 35 mil personas al día y disminuyó de una hora y media a 50 minutos determinados traslados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Empleos, regiones y medio ambiente
La construcción de infraestructura también genera empleos, activa proveedores y puede atraer inversiones hacia regiones que anteriormente permanecían desconectadas.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante los primeros dos años de la administración, sus proyectos prioritarios generaron 88 mil 800 empleos directos, con 37 mil trabajadores actualmente en nómina.
En el tramo México–Querétaro participan más de 18 mil 200 trabajadores, entre ellos alrededor de 3 mil mujeres.
El impacto ambiental también forma parte de la ecuación. La red ferroviaria proyecta evitar la emisión de 360 mil toneladas de dióxido de carbono al año y reducir hasta 50% las emisiones frente a determinados viajes en avión, autobús o automóvil.
Son beneficios que no aparecen directamente en la venta de boletos, pero sí afectan la calidad de vida y el desarrollo del país.
¿Cómo medir la rentabilidad social?
Un indicador público de rentabilidad social podría comparar el costo de cada obra con resultados verificables como:
- Empleos directos e indirectos.
- Reducción de tiempos de traslado.
- Número de usuarios beneficiados.
- Inversiones atraídas.
- Crecimiento de proveedores locales.
- Desarrollo económico regional.
- Disminución de accidentes y congestionamientos.
- Reducción de emisiones contaminantes.
- Acceso a escuelas, hospitales, empleos y mercados.
La medición tendría que incluir las metas originales y los resultados alcanzados, además de actualizarse periódicamente para evitar que la rentabilidad social se convierta únicamente en un argumento político.
Ni solamente boletos ni beneficios abstractos
Reconocer la rentabilidad social no significa ignorar el costo de construcción, mantenimiento y operación de las obras. Tampoco elimina la obligación de transparentar subsidios, ingresos, sobrecostos y resultados.
Significa evaluar una infraestructura pública con una visión completa.
Una carretera, un aeropuerto o un tren pueden tardar años en recuperar financieramente su inversión, pero generar desde su apertura empleos, conectividad, ahorro de tiempo y desarrollo regional.
Por ello, el debate no debería limitarse a preguntar cuánto dinero entra a la caja. La ciudadanía también necesita saber cuánto bienestar, crecimiento y tiempo recuperado produce cada peso invertido.
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